La República Democrática del Congo empezará a aplicar, a partir del 31 de julio, un requisito largamente pospuesto que obliga a las empresas mineras a ofrecer participaciones de propiedad local, según informes de medios extranjeros. La decisión se toma pese a las inquietudes de grandes productores de cobre y cobalto sobre su posible impacto operativo y jurídico en el sector.
La iniciativa surge de disposiciones del Código Minero de 2018 que exigen a los operadores mineros internacionales transferir el 10 % de su capital a nacionales congoleños, con un 5 % destinado específicamente a los empleados. Hasta la fecha, ningún gran operador minero extranjero ha demostrado formalmente el cumplimiento, alegando cuestiones pendientes sobre la implementación y las estructuras regulatorias.
Según los citados informes, cartas emitidas por Kinshasa instruyeron a grandes mineras internacionales —entre ellas Glencore, Ivanhoe Mines, CMOC y Huayou Cobalt— a presentar pruebas de cumplimiento antes de fin de julio o enfrentar posibles sanciones regulatorias. El Ministerio de Minas reafirmó este calendario tras conversaciones de alto nivel con ejecutivos mineros sobre el decreto final.
Tras las consultas, funcionarios gubernamentales y representantes mineros acordaron que el decreto de aplicación se firmará una vez incorporadas enmiendas técnicas limitadas. Se ha creado un comité ad hoc para ultimar esos ajustes, que podrían incluir mecanismos como préstamos sin intereses o cooperativas de empleados para facilitar la adquisición de capital por parte de los trabajadores.
El mandato de participación local se mantiene distinto de la participación estatal existente del 10 %, no diluible y sin costo, en los activos mineros. Aunque las sanciones por incumplimiento tras el 31 de julio no se han detallado públicamente, el impulso a la aplicación subraya los esfuerzos regionales más amplios en el Cinturón del Cobre de África Central para retener mayor valor local en un contexto de elevada demanda mundial de materias primas.
