El 17 de junio, Ecuador reabrió oficialmente su registro de concesiones mineras por primera vez desde enero de 2018, con el objetivo de atraer nuevas inversiones, agilizar la concesión de permisos y combatir la minería ilegal. El registro había estado suspendido debido a irregularidades sistémicas, lo que detuvo la emisión de nuevas licencias durante siete años.
La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, anunció que se aceptarán nuevas solicitudes de manera gradual, a partir del tercer trimestre de 2025 con la minería no metálica a pequeña escala, seguida de la minería metálica a pequeña escala en septiembre. El registro se reabrirá por completo a todas las categorías mineras a principios de 2026. Los solicitantes deberán demostrar al menos dos años de experiencia en minería. La empresa estatal Enami conservará los derechos de solicitud prioritarios.
La medida ha generado críticas de parte de grupos indígenas y ambientalistas, pero el Gobierno insiste en que es necesaria para restablecer el desarrollo legal de los recursos y frenar las operaciones ilegales. Ecuador, rico en cobre, oro y plata, se ha quedado rezagado respecto a sus pares regionales debido a obstáculos legales y sociales.
La minería ilegal ahora abarca 19 de las 24 provincias y, a menudo, está vinculada al crimen organizado. La reapertura es parte de reformas más amplias, que incluyen posibles nuevas tasas mineras que se proyecta generarán 229 millones de dólares anuales. Entre los principales proyectos futuros se encuentran Cangrejos de CMOC, Cascabel de SolGold, Warintza de Solaris y la expansión de Mirador Norte.
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