El proyecto de cobre MARA (Agua Rica–Alumbrera) de Glencore en Argentina obtiene la aprobación del RIGI

North American Stainless (NAS), parte de Acerinox, anunció que los productos laminados en frío de tipo 316 enviados a partir del 1 de octubre tendrán un precio base más alto mediante una reducción de dos puntos en el descuento funcional. Todas las solicitudes de cotización activas están sujetas a este ajuste. Se trata de un cambio en el mecanismo del precio base, no de un recargo mensual por aleación.

Industeel, parte de ArcelorMittal, actualizó recientemente sus recargos de octubre para aleaciones inoxidables. El 316L/316LN cayó un 0,9 % intermensual hasta 3.684 €/t, el 316LMo un 0,7 % hasta 4.115 €/t, el 317L un 0,7 % hasta 4.758 €/t y el 904L un 1,0 % hasta 6.768 €/t. El 2205+ y el 2507 se mantuvieron prácticamente estables en 3.724 €/t y 4.389 €/t, mientras que el UR 254 bajó hasta 7.147 €/t. La lista excluye el recargo energético.

Sudáfrica está impulsando enmiendas a su Ley de Bienes de Segunda Mano que endurecerían aún más los controles sobre el comercio de chatarra, incluidos cobre, latón, bronce, aluminio, zinc, plomo, níquel, estaño y cobalto. Según el marco propuesto, los recicladores que adquieran metales controlados de particulares estarían obligados explícitamente a realizar pagos electrónicos y mantener registros detallados de las transacciones, mientras que las compras a recolectores de chatarra requerirían registrar nombres y números de identificación. Los comentarios públicos sobre el proyecto de ley permanecen abiertos hasta el 2 de noviembre. La legislación apunta al robo generalizado de cables e infraestructura; se estima que solo el robo de cable de cobre le cuesta a Eskom entre 5.000 y 7.000 millones de rands al año, más unos 2.000 millones en costos de reposición. Si bien Sudáfrica ya ha estado avanzando hacia transacciones de chatarra sin efectivo, la enmienda reforzaría el marco legal en torno a pagos electrónicos trazables, identificación del vendedor y registros de transacciones. De aprobarse, los requisitos de cumplimiento en toda la cadena de recolección, reciclaje y comercio de chatarra de cobre de Sudáfrica se endurecerían aún más, lo que podría restringir el flujo de material anónimo o informal hacia el mercado legítimo.