Mientras Zambia se prepara para sus elecciones generales, los inversores internacionales y los analistas de metales se centran en si la continuidad de las políticas macroeconómicas puede traducirse en un crecimiento minero tangible, según informes de prensa extranjera. La atención principal del mercado está puesta en la ejecución de la inversión extranjera directa, la fiabilidad del sector eléctrico y las reformas económicas estructurales necesarias para respaldar los objetivos de producción a largo plazo.
Como columna vertebral de la economía nacional —genera el 70 % de los ingresos por exportaciones y más del 10 % del PIB—, el sector del cobre sigue siendo el principal referente para los inversores institucionales. Los agentes del mercado observan de cerca si los proyectos en cartera, incluidas las ampliaciones en curso de First Quantum, la inversión continuada de Barrick y el regreso de Vedanta, pueden traducirse en aumentos reales de producción de cara al objetivo a largo plazo de triplicar la producción nacional de cobre, que parte de aproximadamente 1 millón de toneladas. Aunque el gobierno se ha comprometido a mantener estables los tipos de regalías mineras, los operadores extranjeros se enfrentan a posibles ajustes en la cadena de suministro en virtud de un marco de contenido local que exige a las mineras aumentar las compras nacionales del 20 % a cerca del 40 % en un plazo de tres a cuatro años. Dado que los proveedores locales a menudo carecen del capital y la capacidad técnica necesarios, los operadores extranjeros podrían toparse con cuellos de botella operativos o con incertidumbre en la aplicación de la normativa. Además, el aumento de la producción depende de resolver la vulnerabilidad de una red eléctrica muy dependiente de la energía hidroeléctrica, mediante inversiones en energía solar y reformas de la red, tras los graves cortes de suministro provocados por la sequía. Los inversores también siguen de cerca las negociaciones para un programa sucesor del FMI, después de que el anterior mecanismo de 1.700 millones de dólares finalizara en enero, así como los riesgos de déficit fiscal vinculados a las compras estatales de reservas estratégicas de maíz.
