El gobierno de la RDC reiteró recientemente que el período de gracia para que las empresas mineras implementen el requisito de participación accionaria de los empleados locales expirará el 31 de julio de 2026. Para esa fecha, las empresas mineras que operan en la RDC deben demostrar que los empleados congoleños poseen una participación equivalente al 5% del capital social de la empresa; aquellas que no cumplan con el plazo podrían enfrentar sanciones.
Este requisito proviene del código minero revisado de 2018. Según el artículo 71 bis del Código Minero y el artículo 144 bis del Reglamento Minero, al menos el 10% del capital social de una empresa minera debe estar en manos de personas físicas congoleñas, con un 5% asignado a los empleados nacionales. Las disposiciones actuales no exigen explícitamente que las empresas otorguen acciones gratuitas a los empleados.
En enero de este año, el ministro de Minas de la RDC, Watum Louis, instruyó a los mineros a presentar documentos de cumplimiento, como estatutos y registros de accionistas, antes de finales de julio. El 21 de julio, el Ministerio de Minas celebró una reunión con empresas mineras y representantes del sector, reafirmando el plazo e indicando que se firmaría un decreto complementario tras completar ajustes técnicos limitados.
Actualmente, los métodos de financiación para que los empleados adquieran acciones, las fuentes de estas y las sanciones específicas aún deben aclararse. El gobierno está considerando ofrecer préstamos sin intereses o establecer cooperativas de empleados para ayudar a los empleados nacionales a obtener las participaciones accionarias correspondientes.
Este requisito afectará a mineras internacionales como Glencore, Ivanhoe Mines, CMOC y Huayou Cobalt que operan en la RDC. Como el mayor productor mundial de cobalto y el segundo de cobre, la RDC ha estado impulsando la localización minera en los últimos años, con el objetivo de aumentar la participación de sus ciudadanos en los ingresos mineros y en las operaciones de las empresas.
Desde el punto de vista de las políticas, esta medida apunta directamente a la estructura accionaria y la gobernanza corporativa de las empresas mineras, en lugar de introducir nuevas cuotas de producción de cobre o cobalto, prohibiciones de exportación o ajustes en las tasas impositivas de los productos minerales. Por lo tanto, su impacto directo en la producción minera a corto plazo y en el suministro internacional de cobre y cobalto puede ser relativamente limitado.
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