[Solar: Las restricciones de financiación de la UE apuntan a proveedores de alto riesgo]

El gobierno argentino promulgó recientemente el Decreto 242/2026, que establece el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) con el fin de impulsar la eficiencia energética y las energías renovables. El decreto ofrece beneficios fiscales significativos, incluyendo depreciación acelerada y devolución anticipada del IVA, para pequeñas y medianas empresas (pymes) que inviertan en paneles solares, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) y equipos de alta eficiencia. Esta medida política está diseñada para estimular la inversión privada en un contexto de financiamiento tradicional limitado, optimizando aún más el proceso de amortización para los adoptantes de energía solar industrial y comercial en todo el país.

El gobierno boliviano ha aprobado el Decreto Supremo 5549, que crea una nueva categoría de "generación distribuida de mediana escala" para proyectos de entre 1 MW y 6 MW. Este decreto simplifica la conexión a redes de media tensión al eliminar la necesidad de una concesión formal de generación, requiriendo únicamente la autorización del regulador. Según IRENA, Bolivia cerró 2025 con aproximadamente 194 MW de capacidad fotovoltaica operativa. Se espera que estas actualizaciones regulatorias aceleren la adopción solar entre usuarios industriales y comerciales previamente limitados por topes de capacidad más bajos.

El Ministerio de Energía de Bolivia ha presentado un borrador de la nueva Ley de Electricidad y Energías Renovables para reformar un marco aquejado por déficits estructurales. La propuesta integra a la estatal ENDE en un entorno competitivo, abriendo la generación, transmisión y distribución a la inversión privada mediante contratos a largo plazo. Las reformas clave incluyen la creación de una Entidad Reguladora de Energía (ERE) independiente y la introducción de subastas públicas para la determinación de precios. El gobierno busca aprovechar este marco para posicionar a Bolivia como un centro energético regional, al tiempo que reconoce el acceso universal a la electricidad como un derecho fundamental.