El 18 de junio de 2026, la Administración Nacional de Energía puso oficialmente en vigor las nuevas Directrices para Evaluar la Capacidad de Acogida de los Sistemas Eléctricos para el Acceso de Suministro Eléctrico Distribuido, eliminando por completo la rígida restricción de una «tasa de carga inversa del transformador del 80 %» que había estado vigente durante seis años. Esta medida tuvo una importancia extraordinaria: rompió las ataduras al desarrollo del sector, liberó un potencial de mercado de billones y marcó la entrada formal de la industria fotovoltaica en una nueva etapa de desarrollo «sin límite rígido».
El núcleo de esta nueva política del 18 de junio fue «eliminar los límites rígidos y adoptar una regulación flexible». Esto no significó relajar los requisitos de seguridad de la red eléctrica, sino utilizar un enfoque más científico para equilibrar la seguridad y el desarrollo.
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